Un empresario de Angol presentó una querella criminal contra dos funcionarios de Carabineros a quienes acusa de haber incurrido en diversas irregularidades durante un procedimiento realizado en Collipulli en marzo de 2023.
Entre las acusaciones planteadas en la acción judicial figura un supuesto intento de atribuirle delitos que, según sostiene el querellante, no habría cometido, además de la presunta solicitud de $2 millones a cambio de dejarlo en libertad.
El denunciante, Julio Herrera, fue posteriormente sobreseído por la justicia en la causa que se había iniciado en su contra.
Querella apunta a un capitán y un sargento
La acción fue presentada por el abogado José Fernández contra el capitán Michael Andrés Daza Romero y el sargento Juan Manuel David Chamorro Ramos.
La querella atribuye a ambos funcionarios los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación.
El abogado detalló los alcances de la presentación judicial:
“Se ingresó en este caso querella criminal en contra del capitán de Carabineros don Michael Andrés Daza Romero y en contra del segundo, don Juan Manuel David Chamorro Ramos, por los delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación”, señaló el abogado.
Estas imputaciones deberán ser investigadas y establecidas durante el proceso judicial.
Procedimiento se remonta a marzo de 2023
Herrera, quien presta servicios a la empresa de transporte ferroviario Fepasa, fue detenido el 15 de marzo de 2023 en la comuna de Collipulli.
En aquella oportunidad se le atribuyó el delito de porte ilegal de arma de fuego.
Según la versión contenida en la querella, ese día el empresario se desplazaba hacia Pailahueque llevando $1.300.000 en efectivo, monto que previamente habría retirado en Angol con el propósito de pagar una indemnización.
Arma estaba inscrita, según sostiene el querellante
Durante la fiscalización, los funcionarios encontraron un arma de fuego en el vehículo.
La defensa de Herrera sostiene que dicha arma estaba legalmente inscrita y que contaba con los permisos correspondientes.
Pese a ello, el arma fue incautada junto con el dinero que llevaba el empresario.
Denuncian que $1,3 millones no fueron restituidos
Otro de los puntos incluidos en la querella se relaciona con el efectivo retirado durante el procedimiento policial.
De acuerdo con la acción judicial, los $1.300.000 habrían sido incautados esa jornada y posteriormente no habrían sido devueltos al empresario.
La defensa busca que este antecedente también sea esclarecido durante la investigación.
Empresario fue sobreseído tras más de dos años
Herrera permaneció vinculado durante más de dos años al proceso judicial iniciado por el presunto porte ilegal de arma.
Finalmente, la justicia decretó su sobreseimiento en esa causa.
Tras esa resolución, decidió impulsar acciones penales contra los funcionarios que participaron en el procedimiento original.
Querella denuncia presunta solicitud de dinero
La acción judicial también sostiene que los policías habrían solicitado al empresario una coima de $2 millones a cambio de permitirle recuperar su libertad.
Se trata de una acusación contenida en la querella y que deberá ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
Empresario acusa consecuencias personales y laborales
Herrera señaló que el procedimiento y el proceso judicial posterior tuvieron repercusiones en diferentes ámbitos de su vida.
“Nos afectó bastante como empresa, como persona, como familia, como empresario. Yo quiero que esto se haga justicia, por favor, que un sargento o un capitán se exprese para eso”, sostuvo.
Solicitan declaraciones y registros de audio
Entre las diligencias requeridas en la querella se encuentra que ambos funcionarios de Carabineros declaren en calidad de imputados.
La defensa también solicitó acceder a los registros de audio asociados al procedimiento policial, con el propósito de recopilar antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias denunciadas.
Consultada respecto del caso, Carabineros indicó que no entrega declaraciones sobre procesos judiciales que actualmente se encuentran en tramitación.
La causa continúa en desarrollo y corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar si los hechos denunciados tienen sustento penal y las eventuales responsabilidades de los involucrados.
Imagen de contexto: Agencia Uno.