Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización criminal dedicada a cometer estafas mediante la compra fraudulenta de vehículos publicados en plataformas digitales.
La agrupación operaba bajo la coordinación de internos recluidos en centros penitenciarios de Angol y Concepción, quienes presuntamente dirigían las maniobras delictivas mediante comunicaciones telefónicas.
El procedimiento terminó con nueve personas detenidas y allanamientos simultáneos en distintas regiones del país, luego de que los investigadores lograran vincular a la organización con 13 hechos ocurridos entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
Nueve domicilios fueron intervenidos durante operativo policial
Tras reunir los antecedentes necesarios, el Ministerio Público gestionó las autorizaciones judiciales para concretar un despliegue destinado a detener a los presuntos integrantes de la agrupación.
El fiscal César Schibar obtuvo del Juzgado de Garantía de Angol las órdenes verbales de detención, entrada, registro e incautación correspondientes.
Con estos permisos, los detectives realizaron procedimientos simultáneos en nueve inmuebles ubicados en la Región Metropolitana y en las comunas de San Carlos, Valdivia, Temuco y Padre Las Casas.
Incautaron celulares y otras evidencias
Durante los allanamientos fueron detenidos nueve imputados, además de recuperarse teléfonos móviles y diversos elementos considerados relevantes para la investigación.
Estas especies quedaron sujetas a los análisis correspondientes para profundizar en el funcionamiento de la organización y sus presuntas actividades ilícitas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente.
Así funcionaban las estafas mediante Marketplace
Uno de los principales antecedentes establecidos por la investigación corresponde al mecanismo utilizado para contactar a las víctimas.
Los integrantes de la agrupación buscaban publicaciones de vehículos ofrecidos a la venta en plataformas digitales, especialmente en Marketplace de Facebook.
Para establecer comunicación con los propietarios, utilizaban perfiles falsos e identidades ficticias, aparentando ser compradores interesados en adquirir los automóviles.
Utilizaban documentos bancarios falsificados
Una vez acordada la supuesta compraventa, los involucrados presentaban documentación bancaria adulterada o falsificada para simular el cumplimiento de las obligaciones de pago.
Mediante este procedimiento conseguían obtener los vehículos sin concretar una transacción legítima.
Posteriormente, los automóviles eran ofrecidos nuevamente a través de diferentes plataformas comerciales, permitiendo a la organización obtener ganancias ilícitas mediante su reventa.
Operaciones eran coordinadas desde recintos penitenciarios
La investigación permitió establecer que parte de la planificación de los delitos se desarrollaba desde el interior de establecimientos carcelarios.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, uno de los principales líderes de la agrupación permanecía recluido en el Centro de Detención Preventiva de Angol.
El sujeto se encontraba privado de libertad por delitos de robo con violencia y robo en lugar habitado.
Otros dos involucrados operaban desde la cárcel de Concepción
Los detectives también identificaron a otros dos sujetos que participaban en la organización desde el recinto penitenciario de Concepción.
Según la investigación, los internos mantenían comunicaciones telefónicas para coordinar las operaciones, contactar a las víctimas y organizar las distintas etapas de las transacciones fraudulentas.
Mientras tanto, personas que permanecían en libertad ejecutaban las acciones necesarias para concretar los delitos.
Entre estos colaboradores figuraban familiares, amigos y otros integrantes de la estructura, quienes se encargaban de retirar los automóviles y facilitar su posterior comercialización.
Investigación permitió vincular a la banda con 13 estafas
Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada de Investigaciones Policiales Antisecuestro de Temuco, en coordinación con otras unidades de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI.
Bajo la dirección del Ministerio Público, los funcionarios utilizaron diferentes herramientas investigativas, entre ellas interceptaciones telefónicas, para reconstruir la forma en que operaba la agrupación.
Organización mantenía una estructura jerarquizada
El análisis policial permitió identificar una distribución definida de funciones entre los presuntos participantes.
La investigación estableció que la agrupación presentaba características de una estructura criminal organizada, con continuidad en el tiempo, distintos niveles de responsabilidad y un procedimiento que se repetía en los delitos investigados.
De acuerdo con los antecedentes reunidos, la asociación habría participado en 13 operaciones fraudulentas registradas entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
Estos hechos permitieron sustentar la investigación por los delitos de asociación delictiva y estafa.
Detenidos registraban antecedentes por diversos delitos
Tras concretar las capturas, la PDI informó que los imputados mantenían múltiples antecedentes policiales y judiciales.
Entre ellos figuraban causas y órdenes relacionadas con estafas, otras defraudaciones, tráfico de drogas, hurto y distintos hechos delictuales.
Estos antecedentes fueron incorporados a las diligencias destinadas a esclarecer la participación de cada involucrado dentro de la organización.
Con las nueve detenciones y la incautación de dispositivos electrónicos, la investigación permitió avanzar en el esclarecimiento de las operaciones fraudulentas vinculadas a la compraventa de vehículos, cuya coordinación se realizaba presuntamente desde las cárceles de Angol y Concepción.