La Contraloría General de la República (CGR) emitió duros cuestionamientos hacia la Corporación Nacional Forestal (Conaf) tras identificar errores y omisiones en la gestión de dos incendios registrados en La Araucanía: el siniestro “Providencia” en Traiguén (2025) y un incendio en Lonquimay (2024). Ambos eventos quedaron documentados en informes que evalúan el combate, el control y los procedimientos administrativos aplicados durante la emergencia.
Incendio “Providencia”: quema autorizada que se descontroló
Autorización sin considerar condiciones de riesgo
El Informe Final de Investigación Especial (INVE) N° 569 estableció que el incendio de Traiguén comenzó después de una quema controlada autorizada por Conaf que no fue adecuadamente apagada, lo que permitió que el fuego avanzara sin control y terminara consumiendo 3.064 hectáreas.
El análisis determinó que la autorización fue emitida sin tomar en cuenta las advertencias oficiales emitidas por Senapred ni las condiciones climáticas reportadas ese día por la Dirección Meteorológica.
Estas señalaban un escenario de alta peligrosidad: temperaturas entre 22° y 28°, humedad bajo 30%, y vientos que podían alcanzar 50 km/h.
Sumarios y Fiscalía activada
Debido a estas conclusiones, la Contraloría anunció acciones administrativas. Se instruirá un sumario para determinar eventuales responsables entre los funcionarios que autorizaron o supervisaron la quema, además de remitir los antecedentes al Ministerio Público.
También se ordenó a Conaf reevaluar sus criterios de autorización de quemas controladas, exigiendo incorporar alertas meteorológicas, verificaciones formales y trazabilidad de decisiones en cada caso.
Omisión de denuncia
El informe criticó además que Conaf no cumplió con su obligación legal de denunciar el incendio ante Fiscalía, pese a contar con antecedentes técnicos que apuntaban al origen de la emergencia.
Esa falta, según Contraloría, afecta la transparencia y eficacia del sistema penal, particularmente en delitos vinculados a incendios forestales.
Lonquimay: fallas en registro, trazabilidad y sistemas internos
Incendio que avanzó por 129 días
El segundo caso auditado corresponde al incendio ocurrido en Troyo, Lonquimay, que consumió 805,85 hectáreas de bosque nativo y permaneció activo 129 días, según el INVE N° 555.
Sistemas incompletos y datos duplicados
Contraloría advirtió que el módulo “Costeo de incendios y valorización de pérdidas” del sistema SIDCO —destinado a calcular gastos reales en el combate del fuego— no fue implementado de manera íntegra.
Esto obligó al personal a usar métodos manuales, lo que impidió contar con información estandarizada y confiable.
Por ello, CGR pidió a Conaf cumplir la implementación en un plazo máximo de seis meses.
Fichas incompletas y ausencia de comandantes
La auditoría también detectó falencias reiteradas en el registro digital del Comandante de Incidente. En 11 de los 15 incendios evaluados no existía información adecuada: uno sin ningún dato y otros 10 con días enteros sin registro.
Debido a esto, Conaf deberá regularizar sus protocolos y garantizar interoperabilidad con organismos externos vinculados al combate de incendios.
Nuevos procesos y reporte obligatorio
Finalmente, se ordenó establecer un procedimiento obligatorio para remitir informes técnicos al Ministerio Público cuando existan antecedentes de negligencia o fallas humanas en incendios graves.
Conaf deberá reportar avances al Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de Contraloría en un plazo de 60 días hábiles.