La Delegación Presidencial deberá reanudar el abastecimiento de agua potable mediante camiones aljibe para más de 500 familias que viven en sectores rurales de Temuco, luego de una resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de la ciudad.
Tribunal dispuso una medida inmediata
La justicia acogió una orden de no innovar solicitada dentro de un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Con esta determinación, el tribunal ordenó restablecer la distribución de agua mientras continúa la tramitación de la acción judicial y se revisan las responsabilidades de los organismos involucrados.
El recurso fue interpuesto por la abogada del INDH Pamela Nehuelcheo, en representación de habitantes abastecidos por el sistema de Agua Potable Rural Mañio.
Crisis afecta a familias de la ruta Temuco-Cholchol
Las personas representadas viven en una zona rural ubicada en el camino hacia Cholchol y enfrentan dificultades para acceder de manera permanente a agua apta para el consumo.
La presentación judicial expuso las consecuencias de la interrupción y pidió adoptar medidas urgentes para garantizar un servicio básico indispensable.
Desde el INDH señalaron que la decisión de admitir el recurso confirma la seriedad del problema denunciado por las comunidades.
Delegación deberá retomar los camiones aljibe
La resolución obliga a la Delegación Presidencial a reactivar la entrega de agua mediante vehículos destinados a transportar el recurso hacia los sectores afectados.
Esta medida tendrá carácter provisional mientras la Corte analiza los antecedentes y resuelve el fondo del recurso.
Tres organismos fueron requeridos por la justicia
Además de la Delegación Presidencial, el tribunal solicitó informes a la Municipalidad de Temuco y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Las instituciones deberán explicar las gestiones realizadas para solucionar la falta de suministro y aclarar por qué las familias continúan sin acceso estable al agua potable.
Corte fijó un plazo de ocho días
Los organismos recurridos dispondrán de ocho días para responder formalmente y entregar todos los antecedentes solicitados.
Con esa información, la Corte de Apelaciones evaluará las actuaciones de cada institución y determinará qué nuevas medidas deberán aplicarse para asegurar el abastecimiento de las comunidades rurales.
Imagen de contexto: Agencia Uno.