País

El negocio de la ACHS que genera inquietud en el Congreso

Santiago, abril 2024.- La preocupación que se instaló entre algunos senadores y diputados por el accionar de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) puede traer insospechados resultados, luego de que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) diera curso a revisar el permiso gubernamental que la Mutual tiene para atender a pacientes fuera del ámbito laboral.

Tanto en el Senado como en la Cámara Baja se pidieron antecedentes a las autoridades sectoriales para que precisen los alcances de la incursión de la Achs en ámbitos que van más allá seguro laboral. Ello se suma a la investigación que está realizando el TDLC a petición de una consulta presentada por el grupo Andes Salud.

El permiso otorgado por el Ministerio del Trabajo a la ACHS en 2023 para que la Mutual extienda sus servicios de salud fuera de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales generó una serie de dudas a nivel parlamentario. El senador Juan Luis Castro (PS) y los diputados Miguel Calisto (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos) pidieron información a los ministerios y organismos públicos involucrados respecto de la legalidad en el actuar de esta Mutual de seguridad laboral.

La Ley 16.744, promulgada en 1968, estableció que las Mutuales de Seguridad deben atender las necesidades de salud de los trabajadores que se generan en el ámbito laboral, con la prohibición explícita de generar lucro. Contrariamente a su naturaleza, durante años la ACHS se ha dedicado a construir un “verdadero imperio financiero” al operar como un grupo económico del rubro de la salud, aprovechando el aporte legal que le entregan los millones de trabajadores afiliados mensualmente. La gestión de la ACHS se ha orientado a ocupar gran parte de su infraestructura en la atención de pacientes privados, a través de la red de clínicas regionales más grande del país, y a ampliar su operación creando nuevas líneas de negocios.

Cuestionamientos entre parlamentarios

En el marco de la pasada sesión de la Comisión de Salud del Senado, realizada el martes 23 de abril, el senador Juan Luis Castro hizo ver su inquietud de que la ACHS incumpla lo que estipula la ley al funcionar fuera del ámbito laboral como un operador de salud privado, que además compite con una red de clínicas a lo largo del país que ha forjado con el dinero que aportan los trabajadores afiliados.

El senador de la región de O’Higgins también apuntó a las atribuciones que como Mutual de Seguridad tiene la ACHS en el otorgamiento de licencias médicas. «Es contradictorio que Fonasa y las isapres destinen grandes montos para pagar las licencias médicas y, en cambio, las Mutuales generen importantes excedentes para ser reinvertidos en actividades no reguladas, con fines de lucro, que se apartan de la ley 16.744 que es la de accidentes laborales y enfermedades profesionales», dijo en la sesión donde participaron la subsecretaria de salud, Andrea Albagli; la superintendenta de la SUSESO, Pamela Gana, y la directora nacional del COMPIN, Valeria Céspedes.

La preocupación manifestada por el parlamentario se sumó a las peticiones de antecedentes sobre la materia de parte de los diputados Miguel Calisto y Andrés Jouannet.

Ambos oficiaron a autoridades de los ministerios del Trabajo y Salud, de la Suseso y de Fonasa para que informen y precisen el funcionamiento de algunas Mutuales en procesos de licitaciones públicas sobre las listas de espera, además de explicar cómo un plan piloto de salud no laboral se transforma en una autorización definitiva al margen de la ley. Es decir, cómo se habrían “saltado” el Congreso para conseguir funcionamiento definitivo.

El diputado Calisto pidió antecedentes que acrediten que las Mutuales no alteraron ni menoscabaron las funciones y obligaciones legales impuestas por la Ley N°16.744, al postular y verse beneficiadas en licitaciones públicas y tratos directos de camas críticas, a través del mecanismo de pago por Grupos Relacionado por el Diagnóstico (GRD) para pacientes adultos con patologías agudas o agudizadas y para cirugía de paciente adulto en estado crítico con patologías agudas o agudizadas, listas de espera de enfermedades GES y no GES.

A su vez, el diputado Jouannet le pidió a la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, un informe de las licitaciones públicas y tratos directos de camas críticas, también con pago por Grupos Relacionado por el Diagnóstico (GRD), en los que la ACHS ha resultado beneficiada.

Además, solicitó los argumentos técnicos que tuvo el Ministerio de Trabajo para autorizar a la ACHS a implementar el “Plan Salud No Laboral” y una serie de antecedentes sobre reuniones «registradas al alero de la Ley 20.730 de todos los funcionarios de dicha entidad fiscalizadora en la que se haya tratado la materia con la ACHS, junto con el registro de visitas a las dependencias y obras nuevas o en construcción de la ACHS».

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