Un conflicto legal entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa Ingesmart SpA encendió las alertas en distintas comunas del país, ante la posibilidad de que el Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional deje de operar si no se logra destrabar la controversia contractual.
Un sistema clave para la seguridad preventiva
El programa contempla cerca de mil cámaras de televigilancia distribuidas en 66 comunas, con el objetivo de monitorear espacios públicos y apoyar la prevención del delito mediante la transmisión de imágenes en tiempo real a centrales de vigilancia.
En la Región de La Araucanía, estos dispositivos fueron instalados en Temuco, Villarrica, Angol y Nueva Imperial, bajo una licitación adjudicada en 2020 que incluía la instalación de los equipos, su arriendo operativo con opción de compra y la mantención integral del sistema.
Riesgo de interrupción del servicio
Desde Ingesmart advierten que, de no resolverse el conflicto, existe la posibilidad concreta de que el sistema deje de funcionar. Esto implicaría que las cámaras queden fuera de línea, afectando directamente a las comunas que hoy dependen de esta herramienta como parte de su estrategia de seguridad preventiva.
La preocupación no solo apunta a lo administrativo o financiero, sino también al impacto que podría tener la eventual suspensión del servicio en la vigilancia de calles, plazas y puntos estratégicos.
Escalada judicial del conflicto
La controversia alcanzó un punto crítico el 16 de enero de 2026, cuando se presentó una querella contra la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por presuntos delitos de apropiación indebida y prevaricación administrativa. La acción judicial se originó tras una resolución que incorporó los equipos al patrimonio del Estado y fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según la empresa, el contrato presentó dificultades operativas que derivaron en la aplicación de multas que superarían las UF 189.000, además del cobro de pólizas de garantía. Ingesmart sostiene que el perjuicio económico total alcanzaría las UF 175.633, cifra cercana a los 7 mil millones de pesos.
Silencio institucional en la región
En el ámbito regional, desde la Seremi de Seguridad Pública de La Araucanía evitaron emitir declaraciones sobre el caso, argumentando que el seremi regional, Israel Campusano, se encuentra haciendo uso de su feriado legal.
Incertidumbre sobre el futuro del sistema
Mientras el conflicto sigue su curso en tribunales y en instancias administrativas, la incertidumbre crece en las comunas que cuentan con el sistema de teleprotección. Las próximas resoluciones serán determinantes para establecer si el servicio continuará operando con normalidad o si esta disputa terminará impactando de manera directa en la seguridad cotidiana de miles de familias.